Cuando se habla de mantener y garantizar la seguridad, habitabilidad y eficiencia de los edificios, los términos ITE (Inspección Técnica de Edificios) o IEE (Informe de Evaluación del Edificio) aparecen con frecuencia. Aunque en el uso común pueden confundirse, no son lo mismo, cada uno cumple funciones distintas, con requisitos diferentes según la normativa autonómica o municipal.
En este artículo te lo explicamos de forma clara y práctica las principales diferencias. Así como, cuando corresponde aplicar uno u otro, quién debe encargarse y qué implicaciones tiene para los propietarios.
¿Qué es la ITE?
La ITE (Inspección Técnica de Edificios) es una revisión obligatoria que comprueba el estado de conservación de un inmueble. Su objetivo es detectar posibles daños o defectos que puedan afectar a la estructura o a la seguridad. Suele exigirse cuando el edificio supera los 30 y 50 años.
Podemos compararla con la ITV de un coche: sirve para asegurar que el edificio está en condiciones adecuadas. Si se detectan fallos, los propietarios deben repararlos para mantener la seguridad y la habitabilidad del inmueb
¿Qué es el IEE?
El IEE (Informe de Evaluación del Edificio) es un documento más completo que analiza no solo la conservación, sino también la accesibilidad y la eficiencia energética del inmueble. Es obligatorio en algunos casos, especialmente para solicitar ayudas o subvenciones públicas de rehabilitación.
Podríamos decir que el IEE es como una “ITV ampliada” ya que también valora si el edificio tiene ascensor, rampas o buen aislamiento. Así garantiza que el inmueble sea seguro, accesible y eficiente.
¿Cuándo se necesita uno u otro?
Saber cuál necesitas depende del objetivo y la situación del edificio. Cada informe cumple una función distinta, por lo que conviene valorar qué se busca;
- Si el edificio solo requiere una revisión estructural o de conservación, será suficiente con la ITE.
- Si además quieres solicitar subvenciones o cumplir requisitos de rehabilitación energética o accesibilidad, necesitarás el IEE.
En determinadas comunidades autónomas, el IEE asume las funciones de la ITE, al incorporar todos los aspectos que esta evalúa. Por ello, conviene consultar la normativa vigente en cada territorio, ya que las exigencias y plazos pueden variar según la administración competente.

Coste aproximado y quién lo paga
El precio de una ITE o un IEE varía según el tipo de edificio, su tamaño, antigüedad y ubicación.
- En general, una ITE cuesta entre 150 y 400 euros,
- Mientras que un IEE, al ser más completo, puede rondar entre 300 y 700 euros.
El coste se reparte entre los propietarios del edificio, normalmente a través de la comunidad de vecinos. En los casos en los que el inmueble esté en régimen de propiedad horizontal, todos los propietarios deben contribuir en proporción a su cuota de participación.
¿Quién puede realizar la ITE o el IEE?
Tanto la ITE como el IEE deben ser elaborados por técnicos competentes, es decir, profesionales con titulación y experiencia en edificación. Normalmente, estos son arquitectos, arquitectos técnicos o ingenieros de la edificación.
El técnico visita el inmueble, realiza una inspección visual y recopila datos para elaborar el informe. En algunos casos, puede ser necesario tomar mediciones o solicitar documentación adicional (planos, licencias o certificados energéticos).
Elegir a un profesional cualificado es clave, ya que su informe tendrá validez legal y será el que se presente ante el ayuntamiento o administración competente

En definitiva, la ITE y el IEE son herramientas esenciales para asegurar que un edificio se mantenga seguro, accesible y eficiente, pero cada una cumple un papel distinto. La ITE se centra en la conservación y seguridad estructural, mientras que el IEE amplía su alcance, incorporando accesibilidad y eficiencia energética, y en algunas comunidades incluso puede sustituir a la ITE.
Conocer qué informe necesitas no solo te permite cumplir con la normativa, sino que también te ayuda a planificar mejoras y proteger tu inversión. Mantener un edificio en buen estado no es solo una obligación legal, sino un compromiso con la seguridad y el bienestar de todos lo que lo habitan. Cada informe es una oportunidad para cuidar y valorar el patrimonio común

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